Persiste la persecución, violencia y amenazas contra el magisterio

Las amenazas y la violencia contra el magisterio continúan, registrando a la fecha 1003 maestros asesinados, 5500 amenazados, 1650 desplazados, 44 desaparecidos, 70 exiliados y centenares extorsionados.

Georgina Arroyo Gutiérrez, comisión de Derechos Humanos de EDUMAG, expresó: “Los directivos de EDUMAG rechazamos el homicidio del docente Samuel Augusto Quevedo Arrieta, el 10 de octubre; además denunciamos las llamadas extorsivas que se vienen haciendo a rectores y docentes de varias instituciones educativas del departamento, y exigimos del Estado colombiano garantías y seguridad para que nuestros educadores puedan ejercer su profesión”.

A la voz de los dirigentes de EDUMAG, se unen las de otras filiales y las del propio Ejecutivo de FECODE porque en el país, aunque existe el Decreto 1782 de 2013, que ordena traslados inmediatos cuando los profesores denuncien amenazas, la parsimonia es la actuación de las entidades que deben hacer los trámites, demora que la mayoría de veces pone en alto riesgo la vida de los educadores.

Por su parte, Jorge Ramírez, Secretario Técnico de Derechos Humanos de FECODE, puso en conocimiento las amenazas de las que viene siendo víctima dirigente sindical de ADEMACOR, Domingo Ayala Espitia junto a otros líderes sindicales de ese departamento, por la banda paramilitar los rastrojos comando Costa Caribe, al tiempo que recordó las amenazas que el ejecutivo de la Federación, Nelson Javier Alarcón, recibe desde hace ya tres meses.
Son varios los casos en que a pesar de las denuncias y las solicitudes de protección, no se han tomado las medidas necesarias, por lo tanto, cada segundo es una lucha contra la incertidumbre y la desestabilización sicológica de los amenazados y sus familias.

Según Jorge Ramírez, Secretario Técnico de Derechos Humanos de FECODE, frente a estas denuncias y hechos criminales contra la vida y la integridad personal de los docentes, las autoridades competentes de investigación guardan absoluto silencio, por ello, mencionó y destacó el papel que ha jugado la Unidad Nacional de Protección frente a estas denuncias que completan ya varios meses. En el caso del dirigente sindical de FECODE y de Domingo Ayala existe a la fecha total silencio por parte de esta entidad.

FECODE y sus filiales le piden nuevamente al gobierno Nacional y a las entidades encargadas de garantizar la vida de los educadores que cumplan las normas; a los organismos de control que presionen las actuaciones de los funcionarios y que sin más demoras se respete a la escuela como territorio neutral en toda clase de conflictos violentos, porque es allí donde se tramitan las diferencias mediante el diálogo y los acuerdos.