Notas Fecode

Arremetida del Gobierno buscando la privatización del patrimonio público

Al igual que el Sena, otras empresas y entidades del estado también están en la mira del gobierno nacional para ser privatizadas, más aún, si tiene en cuenta que esta propuesta se encuentra en el plan nacional de desarrollo del presidente Iván Duque. Situación que viene siendo rechazada por organizaciones sindicales, sectores sociales y legisladores.

Desde que el presidente Duque cometió su mandato no ha cesado en su política de intento de privatizar los activos físicos, empezando por el famoso "Grupo Bicentenario" en el que propone crear un holding financiero para organizar administrativamente el estado y hacerlo más eficiente. Medida con la que varios sectores no tienen acuerdo de trato por un proceso que facilita la privatización masiva. Ahora en plena emergencia sanitaria, el gobierno se ha excusado en la pandemia para acelerar una serie de decretos que lo auto habilitan para comprar o vender empresas y activos administrativos.

Francisco Maltés, Ejecutivo de la CUT nacional: “Duque ha venido expidiendo una serie de normas y decretos legislativos que no tienen nada que ver con el combate al covid-19, por ejemplo, ha trasladado cerca de 20 mil 100 pensiones de los fondos privados a Colpensiones prolongadas la carga a este fondo público, específicamente, expidió el decreto 811 a través del cual se auto faculta para feriar el patrimonio público ".

Es de resaltar que desde el año pasado el gobierno actuó el proceso para el vendedor parte de su participación del 51% en isa, la cuarta compañía más grande en el índice de acciones Colcap de Colombia, y aunque la operación fue detenida, en lo que va del año y aprovechándose de la situación actual del marco fiscal de mediano plazo, el viceministro de hacienda especificó que para el 2021 Colombia espera recibir $ 12 billones por concepto de promulgación de empresas como una opción para encontrar ingresos para recibir la crisis por el coronavirus .

Politólogo y docente politécnico grancolombiano: “lo que ha hecho el gobierno del presidente Duque dentro de los planos para la privatización de las empresas del estado ha sido controlado como ha sido su desempeño económico en la medida de que si ha generado grandes ganancias, o si la base de los activos es lo suficientemente fuerte el gobierno comienza a pensar dentro de la privatización como la financiación para los planos sociales, es algo que tiene bastantes puntos para discutir, uno de ellos es la enajenación de los bienes del estado, que es la apropiación de los bienes de la ciudadanía que está contemplada dentro de la constitución y generar todos los bienes del estado para el flujo de caja de la financiación de los planos del estado,situación que no debería darse en términos de financiación absoluta de aviones del estado por medio de los bienes públicos ”.

En total son 105 empresas sobre las cuales el estado colombiano tiene participación, siendo 39 las compañías con participación mayoritaria, entre ellas: Gecelca, Cisa, Banco Agrario, Bancóldex, Previsora, Isa, Ecopetrol entre otras. En este sentido, el gobierno ya tiene listas las medidas para completar los $ 12 billones en enajenaciones, así como la hoja de ruta para decidir qué empresas salen y qué porcentajes. Frente a esta política, el movimiento sindical y las centrales obreras prendieron las alarmas, porque las empresas como Ecopetrol y el Sena ya están viendo viendo.

Fecode respalda la justa lucha de la USO en defensa de Ecopetrol

Por más de 70 años, los cerca de 30 mil trabajadores que hacen parte de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, han mantenido una lucha constante para la compañía más importante del país sin mar privatizado y sus ganancias las obtengan unos pocos.

Edwin Palma, Presidente Unión Sindical Obrera: “Siempre estamos luchando por qué no se privatice este principal activo de todos los colombianos, el año pasado Ecopetrol le generó a la nación cerca de 15 billones de pesos de utilidades por el esfuerzo de 30 mil trabajadores a nivel nacional, lo que significa casi dos reformas tributarias, es decir, ahí estamos demostrando lo importante que es para el fisco nacional que produce Ecopetrol ”.

Con la excusa de captar más recursos, porque las arcas del estado están específicamente vacías debido a la emergencia sanitaria, el gobierno expidió el decreto 811. Una normativa que afecta el rechazo inmediato de múltiples sectores, incluidos varios congresistas, porque con ella el estado busca la enajenación de los activos de la nación y las empresas estatales, entre ellas Ecopetrol; situación a la que se ha opuesto la unión sindical obrera, uso, y que ha llevado a adelantar jornadas de protesta a nivel nacional desde hace más de dos semanas.

Edwin Palma, Presidente Unión Sindical Obrera: “Nosotros estamos protestando y, por ende, estamos en una anormalidad a nivel nacional, hemos orientado a todas nuestras subdirectivas a adelantar jornadas de movilización, protestas, mítines, paros y huelgas para rechazar este decreto, , también para defender los intereses gremiales de los trabajadores ”.

Los trabajadores de la industria del petróleo aseguran que además de la preocupante situación de privatización de la cuarta empresa petrolera de Latinoamérica y una de las 14 mejores en el mundo; se suma la violación a los derechos laborales que vienen haciendo varios empresarios del sector en medio de la pandemia, por eso, hacen un llamado para que se declare inconstitucional el decreto 811 por cuanto viola flagrantemente el artículo 60 de la constitución política y la ley 226 de 1995 que reglamenta la enajenación de la propiedad estatal en determinadas empresas donde el estado colombiano tienen participación.