Notas

Fecode denuncia la falta de voluntad política para la implementación de los acuerdos por parte del Gobierno de Iván Duque

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE-, reitera su permanente compromiso en defensa de la educación pública, con garantías para la vida y con una financiación adecuada, que permita cerrar paulatinamente las brechas educativas que, a la fecha, determinan condiciones míseras y riesgosas para el regreso a la presencialidad a nuestros estudiantes y docentes, en momentos en los que el Plan de Vacunación Nacional presenta un avance parsimonioso y el manejo de la Emergencia Sanitaria sigue siendo torpe por parte del gobierno de Iván Duque, que posa de democrático ante la opinión internacional, cuando en la realidad, se configura como un gobierno que no escucha a la población, que promueve la corrupción y que se niega a avanzar en los Acuerdos que suscribe con los diferentes sectores de la sociedad.

En el caso del magisterio, FECODE y el Gobierno nacional, el pasado 6 de agosto de 2021, firmaron acuerdos de gran importancia en el marco del Decreto 160, que comprenden importantes logros para la educación, como la reforma constitucional consensuada al Sistema General de Participaciones, que permita aumentar gradual y progresivamente los recursos asignados a la educación pública, la salud, agua potable y el saneamiento básico; acuerdos que son producto del Pliego de Peticiones de la Federación y de la lucha del magisterio en las calles, por lo que resulta de vital importancia su cumplimiento.

FECODE DENUNCIA la actitud apática y negligente del Gobierno nacional ante la implementación de los mismos, con una evidente falta de voluntad en el cumplimiento de los tiempos específicos para su materialización, pues dilata en Mesas Técnicas de otros ejes, el avance de los temas estructurales, sin convocar ni avanzar en los espacios pertinentes que permitan la concreción.

En este sentido, exigimos avanzar en la nueva contratación para la prestación digna del derecho a la salud de los maestros y sus familias, y la seguridad y salud en el trabajo para los y las docentes; los 8.000 cursos de formación de la Tercera Cohorte de la ECDF, la proporcionalidad de la Prima de Vacaciones, el Estatuto de la Profesión Docente y cada uno de los acuerdos firmados.

Al mismo tiempo, demuestra una actitud demagógica y mentirosa, porque no proyecta en su agenda legislativa y mucho menos en la propuesta de Presupuesto Nacional para el año 2022 los acuerdos suscritos con el magisterio. En el caso de la agenda legislativa, el Gobierno nacional, no contento con la aprobación a pupitrazo de la Reforma Tributaria que determina un plan de austeridad del gasto en el que se atribuye facultades extraordinarias para suprimir entidades, fortalece el clientelismo en año electoral; manipula la Matrícula Cero, para que sea “financiada” a través del ICETEX; pretende privatizar la educación pública, por medio del Proyecto de Ley 021, con el que busca incluir el concepto de calidad, basado en los resultados de las Pruebas Saber o las internacionales PISA, para permitir la contratación de la prestación del servicio educativo con entidades “sin ánimo de lucro” o entidades particulares; y omite las brechas estructurales de la educación.

Adicionalmente, el gobierno presentó el Proyecto de Ley 041, por el que pretende modificar parcialmente la Ley 1620 de 2013, en el que elimina el espíritu de los manuales de convivencia y reproductivos. Así mismo, plantea el Proyecto de Ley 088, que faculta al Ministerio de Educación en todos los aspectos sobre educación cívica, ética y ciudadana, omite realizar una estandarización propia, es decir, redunda en unas facultades que el MEN ya posee, lo que de fondo atenta contra la libertad de cátedra y plantea que la orientación escolar para la convivencia podrá implementarse mediante alianzas estratégicas con las instituciones de educación superior, a través de la creación de espacios de práctica de los estudiantes de último semestre de programas afines, lo que genera otro escenario de privatización.

En materia de financiación, no contempla lo pactado respecto al cierre de las brechas, por cuanto en el Proyecto de Ley 158 de Cámara y 096 de Senado, con los que pretende aprobar el Presupuesto General de la Nación, que asciende a $350,4 billones, suma que representa apenas un incremento del 5,3%, respecto al presupuesto vigente; deja cerca de $119,9 billones para Deuda Externa y Defensa, mientras que para Educación, únicamente se realizará una inversión de $49,3 billones, en los cuales no se contemplan los requerimientos para la escuela de la presencialidad, ni los recursos necesarios para el cierre de las brechas y los compromisos asumidos en materia de derechos laborales del magisterio; siendo Colombia uno de los países que menos invierte en educación, pues los miembros de la OCDE invierten cerca del 5% del PIB y países como Cuba el 12%; así, el presupuesto a aprobar en octubre, claramente se aleja de lo que se necesita para materializar lo acordado.

Denunciamos la grave y delicada situación de vulneración de Derechos Humanos, el incremento de la violencia sistemática, amenazas, persecución y calumnias contra los maestros y maestras en todas las regiones del país, en una pasividad absoluta de la institucionalidad.

Es necesario, entonces, hacer un llamado urgente al pueblo colombiano, a leer el momento político y a denunciar las acciones demagógicas de Duque, e invitamos a consolidar la más amplia unidad para avanzar en la movilización.

El martes 28 de septiembre nuevamente saldremos a las calles en la Jornada Nacional de Movilización, en una convocatoria para exigir el cumplimiento sin dilaciones de los acuerdos firmados, garantías para el respeto a la vida de los docentes, líderes sociales, sindicales y ambientales, condiciones previas y verificables en la escuela de la presencialidad, por la defensa de los derechos laborales del magisterio y, sobre todo, de la educación pública como derecho fundamental.

FECODE sigue en pie de lucha y reforzará sus acciones en defensa de la vida, la paz, la democracia y la educación pública estatal.

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