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Notas

Movimiento sindical exige derogatoria del Decreto 1174

Contratos por horas, pérdidas del pago de licencias e incapacidades y del derecho a las pensiones de vejez, muerte e invalidez son algunos de los impactos negativos que trae para los trabajadores del país la entrada en vigencia del decreto 1174.

En medio de la crisis económica y social desencadenada por la pandemia, el Ministerio del Trabajo expidió el 27 de agosto de 2020 el decreto 1174 para crear un supuesto piso de protección social para los trabajadores, no obstante, esta normativa representa enormes vulneraciones, precarizaciones y retrocesos en materia de derechos laborales.

Carlos Julio Díaz, director (e) ENS: “el gobierno Duque toma este concepto y lo distorsiona, porque lo que hace el piso de protección social del artículo 193 y del decreto 1174 es tomar el sistema contributivo de seguridad social en Colombia que tiene tres componentes fundamentales: salud contributiva, pensiones contributivas y riesgos laborales y empeorarlo, pese a que de por sí el sistema no funciona muy bien”.

Este decreto, que entró en vigencia el 1 de febrero de este año, obliga que los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo legal vigente sean dependientes o independientes se afilien al piso de protección social, lo que le permitirá a los empleadores cambiar los contratos laborales por horas evitando así el pago de las cotizaciones obligatorias al sistema de riesgos laborales, también implicará que los trabajadores pierdan su derecho al pago de licencias de maternidad, paternidad e incapacidades , al igual que el pago de pensiones por vejez, invalidez y muerte.

Carlos Julio Díaz, director (e) ENS: “el llamado que le hacemos al gobierno es que no implemente este artículo del plan de desarrollo y este decreto reglamentario porque es totalmente inconstitucional, pues va en contra de los tratados que el país a suscrito y los convenios de la OIT. Por esa razón, lo mejor que puede hacer el gobierno es desistir de implementar algo que con seguridad va ser declarado inexequible por las altas cortes”.

Este decreto ha sido catalogado por las centrales obreras y por Fecode como una normativa que va en detrimento de las condiciones laborales en el país, porque impone un nuevo esquema de seguridad social, disminuye los costos de nómina para los empresarios y minimiza la responsabilidad del gobierno frente a las garantías de protección social de los trabajadores, pasando por encima incluso de la constitución política nacional; por lo cual, el movimiento sindical en pleno exige su derogatoria.