El reciente artículo del diario El Espectador, aludiendo un estudio de la Universidad Nacional sobre la suspensión de clases en Bogotá entre 2012 y 2024 debido a los paros del magisterio, es sospechosamente parecido al discurso que maneja la actual administración de Bogotá. Una actitud donde obvian adrede los motivos y objetivos de cada jornada de protesta y se centran en supuestas afectaciones, dejando a un lado el trabajo diario y la dedicación de los y las docentes. Además, omiten las circunstancias, como, por ejemplo, la pandemia, en la cual los maestros y maestras mantuvieron la educación con su propio esfuerzo a pesar del casi nulo soporte por parte de las administraciones locales y del gobierno de turno.
Entre el 2002 y 2025 se dejaron de recibir 750 billones de pesos destinados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, a causa de la reforma constitucional que impusieron los partidos políticos del viejo establecimiento, los cuales hoy administran Bogotá; de esos, 321 billones de pesos dirigidos a educación y 140 billones a la salud; gracias a los maestros y a los trabajadores de la salud se han sostenido estos derechos.
Las consecuencias de estas regresivas reformas se reflejan en el Índice Welbin 2021 (de la Universidad Javeriana), el cual reveló que el 57 % de los colegios oficiales y el 71 % de los rurales no contaban con agua potable. Un estudio de la misma universidad para 2022 señala que el 61,5% de los estudiantes en zonas rurales asistían a pie a su colegio, en trayectos de más de una hora y en caminos solitarios. Esas cifras han cambiado en los últimos tres años.
Ante esos estragos que ocasionan el debilitamiento a fondo de los derechos mencionados, el magisterio como defensor de los mismos ha salido a la lucha en el marco de la movilización social, pacífica y en conjunto con estudiantes, padres, madres, trabajadores y comunidades. Hemos logrado, así, en 2024 la reforma el SGP, después de 22 de años de lucha, y hoy estamos empeñados en que se materialicen esos derechos en el proyecto de ley 502 de 2025 en Cámara.
Las movilizaciones del magisterio han posibilitado cambios significativos en la educación y el sistema educativo, cobertura y mejora de la calidad en el PAE, transporte escolar en zonas apartadas, mayores recursos en educación, (hoy es el primer rubro de inversión social en el presupuesto en la Nación), entre muchos otros; porque somos los maestros, junto a la comunidad educativa quienes impulsamos las denuncias y las luchas por los derechos. Sólo en 2024 sostuvimos un paro durante ocho días para defender el derecho a la educación ante un nefasto y desvirtuado proyecto de ley estatutaria. A propósito, el artículo también olvida los tiempos y el arduo trabajo de reposición de cada día.
Es obligación de cada medio advertir cuando se trata de contenidos publicitarios. Llama poderosamente la atención que en un artículo sobre maestros no se incluya la voz de ningún educador. Invitamos al Espectador a denunciar la continua persecución del gobierno de Galán contra el magisterio, los despidos masivos, las circulares que acaban con programas sociales, el cierre de sedes educativas, los ataques a la inclusión, la muy regular calidad del PAE en Bogotá, las políticas agresivas contra la educación inclusiva y rural, preescolar, de jóvenes adultos, a la orientación escolar, al programa de formación docente y a la autonomía escolar, entre tantas falencias.
A la administración de Galán le incomoda la protesta y le incomoda más la protesta de los maestros y maestras. Así mismo, llama la atención el silencio de este gobierno distrital frente a la agresión verbal de integrantes de los partidos de la coalición contra el magisterio y la escuela. Sin embargo, la lucha del magisterio y de la ADE no se deja amedrentar, se agita y mantiene fuerte, porque los y las docentes somos defensores de derechos.
