Las élites políticas y económicas rompieron el acuerdo constitucional de avanzar hacia un estado social de derecho. En cambio, en el marco del acuerdo extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional -FMI- firmado, por el gobierno de Andrés Pastrana (1999) y continuado mediante el acuerdo Stand By de Álvaro Uribe, ordenaron hacer enmiendas que derivaron en la reforma a la Constitución, modificando el monto de recursos que la Nación transfería con destinación específica a las entidades territoriales, reduciendo el ritmo de giro de los recursos desde el Gobierno Nacional a los territorios. Se estima que, entre 2001 a 2023 por la aplicación de estas reformas, se dejaron de transferir aproximadamente $572 billones para todos los sectores y $315 billones de pesos para educación (a precios constantes de 2023).
Las reformas desfinanciaron el sistema educativo público. Desde el año 2017, los recursos que se transfieren para educación preescolar, básica y media son insuficientes para sufragar sus gastos, profundizando con ello las brechas estructurales del sistema: (i) acceso, (ii) infraestructura educativa, (iii) jornada única, (iv) relaciones técnicas, (v) canasta educativa y (vi) urbano-rurales. Aunado a estas brechas, la pandemia evidenció el enorme rezago en conectividad digital.
En materia de acceso, Colombia no ha logrado la cobertura universal en la educación preescolar, básica y media, cerca de 2 millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes están por fuera del sistema educativo. Esto está acompañado por un debilitamiento de la educación inclusiva. Las condiciones de la infraestructura educativa son deplorables y se presenta una baja conectividad digital. Sobre los tamaños de clase, en Colombia para 2023 se estima una razón de 23,1 estudiantes por docente, mientras que en otros países de la OCDE, el promedio es de 14,8 estudiantes por docente. Estudios de las Universidades Nacional y Javeriana identificaron que los hogares, en especial, de sectores populares y rurales, destinan entre el 24 % y 30 % de sus menguados ingresos mensuales para sufragar útiles escolares, uniformes, textos, transporte y alimentación escolar; aquí surge otra brecha estructural, el costo educativo asumido para que sus hijos accedan y permanezcan en el sistema educativo público.
El SGP es la columna vertebral del financiamiento de la educación pública preescolar, básica y media. Actuando en consecuencia, desde el año 2.015 en los distintos procesos de negociación con el Gobierno Nacional, el magisterio colombiano ha luchado por una reforma para restituir progresivamente el acuerdo constitucional y cerrar las brechas del sistema educativo. Como resultado de la movilización, en los dos últimos planes nacionales de desarrollo se estableció una comisión de alto nivel para presentar de manera consensuada al Congreso de la República una reforma constitucional que aumente real y progresivamente los recursos; se instaló la mesa sectorial de educación con la participación del Gobierno Nacional, delegados de las Federaciones de entidades territoriales y de FECODE. En diciembre de 2022 se reactivó la mesa sectorial, que durante más de 30 sesiones de arduo trabajo técnico consensuó una propuesta estructural.
El acuerdo alcanzado en la mesa sectorial materializó una reforma constitucional al SGP, asegurando que para 2037 se alcance la universalización de la educación en todos los niveles, con énfasis en los tres grados de preescolar (prejardín, jardín y transición). La garantía de los recursos para la financiación adecuada y suficiente de una canasta educativa que como mínimo permita: (i) construir y mantener ambientes de aprendizajes para el desarrollo de los procesos pedagógicos; (ii) fortalecer el talento humano incluyendo orientadores y auxiliares pedagógicos para preescolar, enfermería escolar, formación posgradual y continua, personal administrativo y superar la tercerización del personal de aseo y vigilancia; (iii) reducir los tamaños de clase para una educación que promueva el pensamiento crítico, la creatividad y la generación de conocimiento; (iv) un enfoque de gratuidad del derecho a la educación, el fortalecimiento de la educación inclusiva, alimentación escolar con enfoque de derecho, textos, uniformes, transportes, actividades extracurriculares y salidas pedagógicas; (v) finalmente se proyectaron las necesidades para robustecer las capacidades de las entidades territoriales en la administración del sistema educativo público.
Los resultados, que se presentaron en el informe del mes de mayo, representan un acuerdo histórico, al hacerse efectiva esta reforma constitucional, el país pasaría de una canasta educativa por estudiante para 2023 de $6.000.000 (1.400 dólares en 2023) a una canasta educativa de $14.200.000 (3.216 dólares aproximadamente) a precios constantes de 2023, es importante señalar que la canasta promedio por estudiante de los países de la OCDE se estima en 12.500 dólares. Este ejercicio trazó la ruta para aproximar acuerdos entre el legislativo, el Gobierno Nacional, Fecode y las Federaciones de Entidades Territoriales para los siguientes debates. Con el informe sectorial y teniendo en cuenta el trámite del Proyecto de Acto Legislativo -PAL- de iniciativa parlamentaria que reforma el SGP, desde el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, en el marco del acuerdo nacional, se establecieron mesas de trabajo para conciliar y construir acuerdos con el legislativo, para sustentarse en el informe y debates respectivos.
Entre los principales puntos acordados en la ponencia de quinto debate en el marco del acuerdo nacional están que: (i) el monto del SGP se incrementará hasta alcanzar el 46,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación en 2036, (ii) se priorizará la financiación de los derechos y servicios de educación preescolar, básica y media, salud y agua potable, en ese sentido, los recursos se distribuirán entre los sectores prioritarios, (iii) la garantía de que los recursos que se giran a los sectores no podrán ser inferiores a los establecidos en vigencias previas y crecerán en términos reales, (v) la ley que reglamente el SGP tiene como propósitos el cierre de brechas y la garantía de derechos, (vi) se mantienen durante cinco años los porcentajes de los sectores educación, salud y agua potable, y se revisarán de acuerdo con las metas sectoriales y (v) se asegura la entrada en vigencia del acto legislativo en 2027.
La ponencia presentada para el séptimo debate se distanciaba de los acuerdos alcanzados, incluyó dos incisos que limitaban el incremento de recursos adicionales para el cierre de brechas sectoriales, desconociendo la esencia y el objetivo central de la reforma al -SGP-.
El diálogo y el espíritu de concertación permitieron convenir los ajustes que fueron aprobados en el séptimo debate. Entre los principales temas se destacan que, los recursos del SGP crecerán en 12 años hasta alcanzar el 39.5% de los Ingresos Corrientes de la Nación; se ratifica la prioridad de la destinación de recursos para los sectores de educación, salud, agua potable para el cierre de las brechas sectoriales, territoriales y económicas; se incorporó un nuevo criterio de la distribución incluyendo las zonas más afectadas por el conflicto armado; se establece la financiación de los tres grados de preescolar; se fortalecen los mecanismos de control y vigilancia en el uso de los recursos; y, se amplió el tiempo de 6 a 12 meses para que el gobierno nacional presente el proyecto de ley de reglamentación de competencias.
Existen puntos por mejorar para el octavo y último debate en plenaria de la Cámara de Representantes, tales como: garantizar la entrada en vigor de la fórmula de crecimiento en 2.027; asegurar que los recursos para los sectores prioritarios en cada vigencia no sean inferiores a los de la vigencia anterior, amortiguando los efectos en los ciclos de la actividad económica; y establecer con claridad el alcance de la financiación de la educación superior en concurrencia con el Gobierno Nacional.
En este escenario, FECODE seguirá activa y llama al magisterio a estar alerta, buscando siempre el crecimiento de los recursos para el cierre de las brechas estructurales y la garantía del derecho fundamental a la educación, exigiendo al gobierno y a las bancadas parlamentarias alternativas y democráticas la búsqueda de los acuerdos para consolidar los avances y consensuar las modificaciones requeridas. Igualmente, convocamos a nuestra estructura organizativa en todo el país a sustentar la conveniencia de la reforma a senadores, representantes a la cámara, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales; así mismo, a la ciudadanía y a la opinión pública a no dejarse desinformar por quienes pretenden el hundimiento de la reforma con argumentos apocalípticos que generan pánico, para seguir defendiendo los intereses de las clases privilegiadas, golpeando la inversión social, las libertades democráticas y los derechos fundamentales de los colombianos.
